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Sentencia desmontó engaño balaguerista de supuesto asentamiento agrario en Bahía de las Águilas

“Considerando que son las mismas actuaciones la que dejan en manifiesto el fraude al Estado dominicano, respeto a los derechos de la parcela que nos ocupa”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza de la Octava sala del Tribunal de Tierras del Distrito Nacional, Alba Luisa Beard, calificó la apropiación de los terrenos de Bahía de las Águilas como un fraude contra el Estado dominicano que se pretendió disfrazar de asentamiento agrario, esto al emitir la sentencia 126-14 que anuló los títulos de propiedad que poseen 656 adquirientes y supuestos compradores de buena fe.

En la sentencia de 300 páginas, leída de manera sucinta por la magistrada, estableció que son inexistentes los asentamientos agrarios para los que supuestamente fueron destinados los terrenos del parque nacional y la Bahía, comprados por los demandados, ya que las mismas carecen de vocación agrícola.

Resaltó en sus consideraciones, que los ex directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez y de Bienes Nacionales, Carlos Linares, en ese entonces, otorgaron los títulos con la supuesta apariencia de asentamientos agrarios, siendo estos los principales responsables del fraude al Estado.

“Cuando los citados directores disponen los bienes titulados a favor del Estado dominicano de manera inconsulta vulneran la norma que regula la referida función en su artículo 4, literal C, situaciones esa que no podían serles ajenas a los funcionarios ya que no es posible el ejercicio de una función del Estado ignorándola”, argumentó.

Asimismo, estableció que la mayoría de los terrenos están en manos de terceros, calificados como adquirientes de buena fe y no de los campesinos y parceleros a quienes se les cedió en primera instancia.

“Considerando que son las mismas actuaciones la que dejan en manifiesto el fraude al Estado dominicano, respeto a los derechos de la parcela 215-A del distrito catastral 3 de Enriquillo-Pedernales”, infirió la jueza en su fallo.

Consideró que los mil 66 títulos expedidos a más de 600 personas a mediados de los 90 de la parcela 215-A, contenían informaciones disimiles y contradictorias, en transferencias que duraban menos de 24 horas.

“Todo lo cual comprueba un concierto de voluntades para sustraer del Estado Dominicano la parcela de que se trata”.

Instauró como prueba fehaciente, que esas segundas transferencias se hicieron en cuestión de días y horas, emitiendo a veces resoluciones del Tribunal de Tierra para demostrar la existencia de un fraude en el que participaron esos terceros.

Resaltó que incluso hubo títulos que se emitieron dos y tres veces a favor de la misma persona, contradiciendo la adquisición de buena fe que alegaron los compradores.

Tras la anulación de los 1,200 títulos, resaltó en su fallo que el mismo Estado que pide la nulidad de estos, le da visos de validez y vende la misma parcela. “Lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional y para que quede en la historia de la República Dominicana está plasmado en esta sentencia”.

Según los expertos si estos supuestos adquirientes de buena fe continúan con su reclamo a sabiendas de que poseen documentos obtenidos de manera fraudulenta, serán sometidos a la justicia penal.

Sin embargo, tras el fallo, los abogados de estos manifestaron apelaran a las instancias superiores correspondientes en este caso el Tribunal Superior de Tierra y luego la Suprema Corte de Justicia.

Cobro honorarios defensores Estado

En la lectura de la sentencia 126-14 que inició a las 11 de la mañana de este lunes y concluyó pasadas las 3 de la tarde,  la jueza de la Octava Sala de dicho Tribunal dijo que los representantes del Estado en el caso serán beneficiados con el 7 por ciento cuota-litis de los terrenos de la Bahía, lo que trajo consigo la crítica de los abogados de los adquirientes.

Se especificó que los abogados Manuel Cáceres, Gustavo Biaggi, Samuel Ramia y Blas Minaya quienes suscribieron cuota-litis con gobierno del ex presidente, Leonel Fernández, recibirán el 7% de los 364 millones de metros que ocupa la parcela 215-A.

En el caso de la abogada Laura Acosta ejerció una función de forma gratuita, tras ser solicitada por el presidente de la República Danilo Medina para que represente a la Procuraduría General.

Acosta aclaró en su cuenta de Twitter que no tiene nada que no será participe del beneficio que se les otorgará a los antes mencionados.

Asimismo, explicó que el Estado dominicano en la sentencia emite una carta constancia sobre los derechos de ese 7% de los abogados. “Entiendo que el Estado dominicano pautará en el futuro que a esos abogados no les conviene tener unos títulos en un lugar que ni es de vocación agrícola y además es Parque Nacional y no puede ser intervenido…de modo que ellos pautaran con el Estado, para asegurar sus pagos honorarios”.

 

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