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Un juez propone que los delitos de corrupción no prescriban 

Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, planteó en un fallo que se eliminen los límites de tiempo para perseguir delitos de corrupción. Lo hizo en una causa contra un ex funcionario del Banco Nación durante el menemismo, acusado por una defraudación cercana a los $ 80 millones.

Domingo 14 de Septiembre de 2014 Hs.

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Juan Carlos Gemignani integra el tribunal de casación desde diciembre de 2011.

La propuesta resulta novedosa, tal vez osada, y más aun si se considera el contexto: un juez del máximo tribunal penal del país planteó en un fallo que los delitos de corrupción imputados a funcionarios públicos deben ser imprescriptibles, es decir, que no existan límites temporales para su persecución penal. 
Esta idea de no prescripción se vincula principalmente con aquellos delitos que atentan contra los derechos humanos, considerados de lesa humanidad, y que fueron cometidos en tiempos de dictaduras o de gobiernos no legítimos. Es el caso de los crímenes que se imputa a los represores de la última dictadura cívico-militar. 
Sin embargo, la consideración de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción ha sido materia de debate, en un país que ha sufrido este flagelo durante décadas y bajo gobiernos de todos los signos políticos. Por estos días, sin ir más lejos, se debate en la Cámara de Diputados de la Nación un este sentido; y en años anteriores se han presentado iniciativas similares, aunque nunca prosperó ninguna de ellas. 
Un nuevo actor se metió ahora en la discusión. El paranaense Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, propuso en un fallo dictado recientemente que los hechos de corrupción reprochados a funcionarios públicos sean considerados “imprescriptibles” por el Código Penal, para lo cual sugirió al Poder Ejecutivo enviar un proyecto de ley al Congreso. 
Gemignani, de 52 años, accedió a fines de 2011 al tribunal de casación, donde integra la Sala IV y es subrogante en la Sala I. Hijo de un ex integrante del Consejo de la Magistratura e integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos durante la última dictadura, estuvo ligado al radicalismo y a la familia judicial. Antes había sido camarista en el fuero penal de Santa Fe, cumplió funciones ad-hoc como fiscal y defensor en la Justicia Federal y fue asesor legal de la Municipalidad de Paraná. 
Propuesta. La idea de Gemignani surgió en una causa contra Genaro Contartese, un ex director del Banco Nación durante el menemismo. El ex funcionario estaba acusado por una supuesta defraudación había sido sobreseído en la investigación por parte de la empresa quebrada Inducuer con un crédito millonario durante la década de 1990, pero fue sobreseído por prescripción de la causa. 
El tribunal de casación consideró que debía revocarse la prescripción, por lo que dejaron sin efecto el sobreseimiento de Contartese y ordenaron un nuevo cálculo temporal para determinar si la causa debe o no seguir bajo investigación. 
Pero Gemignani fue más allá en su voto al plantear que “para las hipótesis aquí consideradas, esto es para los delitos de corrupción, también podría procederse de una manera similar” a como se actúa en las causas por violaciones a los derechos humanos “en contribución a la efectiva vigencia del derecho-deber humano a la legalidad” y agregó: “Una prestación concreta para la paz de parte del Poder Ejecutivo Nacional (…) contributivo a la vigencia efectiva y no meramente declamatoria del derecho humano a la legalidad estaría constituido por la remisión al Poder Legislativo de una ley (sic) que disponga la imprescriptibilidad de los delitos en los que hubiere participado un funcionario público”. 
En ese marco, Gemignani citó un discurso de Néstor Kirchner. “La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Ningún derecho humano puede ser efectivamente garantizado cuando el Estado se convierte en un instrumento de corrupción”, dijo el entonces presidente el 18 de junio de 2004. 
El magistrado paranaense consideró además que “las razones que fundamentan la extinción de la acción penal por prescripción de los delitos en los que el Estado no ha podido investigar y sancionar eficazmente a sus eventuales responsables en un tiempo prudencial, resultan incompatibles con aquellos casos en que los delitos fueron cometidos por quienes justamente pertenecen a ese sistema que fracasó en su persecución, esto es, a los funcionarios públicos”, sentenció. 

 
Genaro Contartese, un ex funcionario menemista condenado por el escándalo IBM-Banco Nación, está acusado por una defraudación a través de un crédito que la entidad crediticia otorgó a una empresa que luego entró en cesación de pagos y finalmente quebró. El perjuicio patrimonial se estima en casi $80 millones. La Cámara Federal había declarado prescripta la causa porque Contartese dejó de ser funcionario el 12 de diciembre de 1995 y cuando fue indagado, el 6 de noviembre de 2001, ya se había extinguido la acción penal por el paso del tiempo. 
Sin embargo, el tribunal de casación consideró ahora que se deben revisar los plazos de prescripción porque después de la renuncia de Contartese, durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, fue designado Joaquín Antonio María Alonso como subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior. Alonso también estaba imputado en la causa por los créditos que el Banco Nación le otorgó a Inducuer, y su regreso a la función pública interrumpió los plazos de la prescripción. Ese es el escenario en que Gemignani expresó su idea de declarar imprescriptibles a los delitos de corrupción.

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