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Se deterioran las relaciones del Gobierno con las altas cortes

Santo Domingo.-En los últimos meses el Poder Ejecutivo ha escenificado enfrentamientos públicos con varios de los principales organismos con autonomía constitucional, incluyendo las dos principales altas cortes y la Junta Central Electoral, los cuales se han quejado de intentos de intromisión o de subordinarlos utilizando diversos mecanismos de presión, incluyendo el económico.

Se han quejado abiertamente contra el Poder Ejecutivo los representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y ahora más recientemente del Tribunal Constitucional.

Con la Suprema

La primera reacción fuerte provino de la Suprema Corte de Justicia, cuyo presidente acusó en mayo pasado al Ministerio Público de querer dividir a los actores del Sistema Judicial en “una parte buena, representada por el Ministerio Público, y una parte mala, representada por los jueces y juezas”.

Esa reacción vino a seguidas del conflicto entre la fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso, y la jueza Margarita Cristo Cristo por el caso de Víctor Díaz Rúa.

El exministro de Obras Públicas buscaba el archivo de una investigación iniciada por Yeny Berenice alegando violaciones procesales, lo cual le fue concedido posteriormente por el juez que conoció el caso en sustitución de Cristo Cristo.

A raíz de ese impasse el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, respaldó públicamente a Reynoso, por lo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, manifestó que “luego del incidente se produjeron declaraciones que profundizaron el conflicto”.

Ahora la reacción de Germán Mejía por la escasa asignación presupuestaria al Poder Judicial fue con una escueta declaración, señalando que ese Poder del Estado no estaría mendigando fondos, pero advirtió que luego no se quejaran por la calidad del servicio de la Justicia.

La Junta Central Electoral

Este año también se han producido al menos dos encontronazos entre el Poder Ejecutivo y la Junta Central Electoral, cuyo presidente acusó al Gobierno de montar un acoso contra la institución y le atribuyó intentar lo que él calificó como “aventura peligrosa”.

Roberto Rosario se quejó de que varias instituciones del Gobierno han intentado inmiscuirse en los asuntos de ese organismo. Tales son los casos de la Contraloría General de la República, que intentó practicarle una auditoría, pese a que la ley excluye a la Junta de su ámbito de competencia, ya que el control externo de ese órgano constitucional le corresponde a la Cámara de Cuentas.

Igual ocurrió con la Dirección de Compras, que ha reivindicado poder actuar como una especie de instancia de apelación a las decisiones del órgano electoral.

La Junta indica que por ser un órgano al que la Constitución le confiera autonomía esas son atribuciones del Tribunal Superior Administrativo.

Posteriormente, la Dirección General de Impuestos Internos le comunicó que le haría una auditoría impositiva.
Sin fondos para comicios
En materia económica, la Junta Central Electoral también reveló que en el presupuesto para el año 2015 no se asignaron fondos para la organización de las elecciones, que aunque se celebrarán en mayo de 2016 es el año próximo cuando deben montarse para que puedan celebrarse sin traumas.

Ahora el Constitucional sospecha de “represalias”

La más reciente reacción provino del Tribunal Constitucional, cuyo presidente dijo que la asignación presupuestaria hecha “de manera unilateral” por el Poder Ejecutivo sería un “grave atentado a la autonomía presupuestaria” de la institución.

El presidente del TC, Milton Ray Guevara, expresó en una carta remitida a la Comisión Bicameral que estudia el Presupuesto que esa decisión del Poder Ejecutivo levanta las sospechas, “fundadas o infundadas”, sobre una posible tentativa de obstaculizar y lesionar el buen desempeño del TC, como represalia por la emisión de la sentencia 168-13, relativa a la reafirmación de la validez de la disposición establecida ininterrumpidamente desde la Constitución del 20 de junio de 1929, que excluye de la nacionalidad dominicana por ius soli a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito. Indicó que los recortes presupuestarios se usan como represalia

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