La presidenta del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservó ayer para una próxima audiencia una solicitud de medida cautelar que busca la suspensión provisional del reglamento del 31 de octubre del 2012, dictado por la Junta Central Electoral (JCE) sobre compra de bienes y contrataciones de obras y servicios.
La magistrada Delfina Amparo León otorgó un plazo de 14 días a las partes para que presenten un escrito justificativo de sus conclusiones y dejó el caso en estado de fallo, para ser pronunciado en una próxima audiencia.
La medida cautelar fue solicitada por el Movimiento Cívico Ciudadanos contra la Corrupción (C3), hasta tanto el tribunal conozca sobre la demanda principal en nulidad del referido reglamento.
Durante la audiencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas, representada por las abogadas Mercedes Eusebio y Jazmín Cerón, pidieron al tribunal acoger la medida cautelar interpuesta por el C3 y que ordene a la JCE abstenerse de aplicar el reglamento hasta que se conozca la demanda principal.
El procurador Administrativo, David Betances, y los abogados de la JCE, Demetrio Francisco y Alexis Dicló, se opusieron a la medida cautelar bajo el alegato de que el Movimiento C3 no es licitador, por lo que entiende que el tribunal debe rechazar dicho pedimento.
Demetrio Francisco dijo que si el tribunal acoge la medida cautelar el proceso de licitación podría peligrar, ya que no se podrían comprar los materiales para continuar el proceso del cambio de cédula.
Ciudadanxs C3 
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