El gobierno brasileño ha expulsado desde principios de 2003 a 5.000 empleados públicos de la administración federal por irregularidades que abarcan desde actos de corrupción hasta la acumulación ilícita de cargos.
Según un informe del organismo, desde el 1 de enero de 2003, cuando Dilma Rousseff asumió su mandato presidencial, el Gobierno federal de Brasil ha expulsado a 3.370 empleados públicos por estar involucrados en actos de corrupción y a 1.107 por abandono de las responsabilidades de su cargo, ausentismo laboral o acumulación ilícita de cargos públicos.
Los demás empleados que perdieron el cargo fueron sancionados por compatibilizar su actividad pública con un puesto en la gerencia o administración de alguna empresa privada, lo cual supone un conflicto de intereses.
El ministro de Controlaría General de Brasil, Jorge Hage, aseguró en declaraciones a la estatal Agencia Brasil que «no es que esté aumentando el número de gente que comete irregularidades, lo que ocurre es que ha aumentado la eficiencia del sistema».
«La mejoría en la capacidad de fiscalización del personal y la creación de unidades de fiscalización en los diversos órganos también contribuyen a ese resultado», agregó Hage.
Desde 2003, se han registrado 4.199 dimisiones de empleados; 451 destituciones de cargos en comisiones y 350 anulaciones de pensiones.
Hage se quejó de que estos datos no incluyen a aquellos trabajadores expulsados de las empresas estatales, como Correos o la petrolera Petrobras, ya que no tienen obligación de publicarlo en el Diario Oficial de Brasil.
«Si añadiésemos a los empleados públicos de las (empresas) estatales el número sería mucho mayor. Pero como en estos casos no hay obligación de publicarlo en el Diario Oficial no tenemos esa información completa», indicó.
En función de la gravedad de la infracción, las leyes brasileñas contemplan que el empleado del Gobierno federal no pueda ocupar un cargo público en un plazo de cinco años y que no pueda ser electo para un cargo político en 8 años.
En los casos más graves se puede negar el acceso a un cargo político, embargar los bienes del acusado e inhabilitarlo para el servicio público.
Según el informe divulgado este viernes, los ministerios que más empleados públicos expulsaron fueron el de la Seguridad Social, el de Justicia y el de Educación. EFE
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