Douglas C. North, (Premio Nobel de Economía en 1993), nos enseñó que las instituciones, definidas como “limitaciones que los humanos construimos para estructurar las interacciones entre nosotros” son cruciales a la hora de entender por qué unos países progresan y otros no.
Estas limitaciones autoimpuestas definen la estructura de incentivos de las sociedades en general y de las economías en particular. Son las que explican, al menos en parte, el por qué los ciudadanos, actuando como tales y ejerciendo las tareas de trabajadores, empresarios, políticos, consumidores, tomamos unas determinadas decisiones en lugar de otras. Por qué unos deciden ser honrados y no defraudar, o las razones que les llevan a decidir no ser corruptos, trabajar honestamente, cumplir los contratos, en una palabra mantener un comportamiento fiable.
Las reglas, las leyes, las constituciones, son limitaciones formales. Y hay también limitaciones informales como las convenciones sociales, los códigos de conducta autoimpuestos, las normas de comportamiento que heredamos y que a veces vemos cambiar a lo largo de nuestra vida. En la base de todo este entramado está el sistema de justicia, una de las instituciones básicas de cualquier sociedad, el modelo elegido para hacer cumplir las leyes.
Pero, hay más. La forma en que los ciudadanos de una sociedad se comportan viene condicionado también por las organizaciones. Organizaciones sociales como clubs, iglesias, ONGs, organizaciones económicas (empresas, sindicatos, cooperativas, patronales), educativas (escuelas, universidades) y políticas (ayuntamientos, organismos reguladores).
Para entender y comprender por qué en unas sociedades existe corrupción, fraude o se produce el incumplimiento de las reglas y de las leyes, conviene observar las interrelaciones entre instituciones y organizaciones, entre las limitaciones formales y las informales. Y conviene hacerlo porque constituyen junto con el capital natural, el capital físico y el capital humano los pilares sobre los que nos apoyamos para avanzar como sociedad y como economía.
En esta larga crisis económica hemos descubierto muchas cosas. La corrupción, la falta de respeto institucional, el fraude de todo tipo y, en particular, el fraude fiscal no son fenómenos residuales que pueden pasarse por alto. Estos comportamientos, además de insoportables y descorazonadores son, también, insostenibles. No es posible aguantar mucho más sabiendo lo que sabemos sin que se busquen activamente soluciones. Y no es posible porque los hechos descubiertos condicionan el bienestar de todos y, sobre todo, el bienestar de los que actúan dentro de las limitaciones autoimpuestas y cumplen, por tanto, con las leyes.
No se trata de tomar medidas improvisadas y de corto recorrido. Por el contrario la tarea que hay que emprender exige tener en cuenta algunas lecciones. Por ejemplo, el cumplimiento de las leyes y las normas sociales que rigen en una sociedad suelen estar muy relacionadas. No es lo mismo defraudar en un país de defraudadores que en un país donde defraudar va en contra del comportamiento mayoritario. Y esto está comprobado y analizado en detalle.
La evidencia señala que los abusos son más habituales cuando no se producen desviaciones fuertes entre lo que hacen los que abusan y el comportamiento medio de una sociedad. De ahí que las leyes que no están alineadas con las normas de conducta vigentes o que entran en conflicto con ellas, pueden no ser eficaces. Y esto, en sí mismo, constituye un problema en tanto que el cambio en las normas sociales se presenta como más costoso. Es una tarea que requiere un escenario de medio plazo, la implicación decidida de muchos agentes sociales y políticos y un plan de acción perfectamente elaborado.
Ciudadanxs C3 
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