Un delito de corrupción cada dos días. Ese es el balance del año pasado que recoge la memoria anual de la Fiscalía Superior de Galicia presentada ayer en A Coruña. Los juzgados gallegos recibieron en 2013 un total de 184 asuntos de este tipo que suponen un 21% más que en el ejercicio anterior. De esta cifra, solo 26 fueron calificados, es decir, llevados a juicio con escrito del Ministerio fiscal, lo que supone un 44% más que en 2012.
El grueso de los delitos de corrupción son por prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias. De los apenas 30 asuntos de este tipo que llegaron a juicio solo se dictó sentencia en una decena: seis por blanqueo, dos por prevaricación, una por cohecho y otra por malversación. Mientras este tipo de prácticas corruptas repuntaron el último año, la cifra total de delitos registrados en la comunidad descendió más de un 6% al pasar de casi 264.000 procesos penales contabilizados en 2012 a 247.655 del año pasado.
Muchas operaciones anticorrupción como laPokemon se alargan en el tiempo y marcarán también el rumbo de este año judicial. Por eso el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, exige a los instructores de delitos complejos trabajar para evitar que se alarguen en el tiempo y se conviertan en «megaprocesos ingobernables».
La próxima semana estaba previsto que la operación Rei -iniciada en 2009 y relacionada con una supuesta trama de adjudicaciones irregulares en el municipio lucense de Castro de Rei- se llevase a juicio. No será así porque la Audiencia Provincial de Lugo decretó el pasado martes la nulidad de la causa que instruía la juez Estela San José por defectos de forma, invalidando así el proceso. El tribunal lucense tomó una decisión similar al fallo de hace cuatro meses que tumbó otro macroproceso, también en manos de San José, que puso hace seis años al descubierto un supuesto entramado de retirada de multas de tráfico en Lugo. El archivo de la causa supone la absolución técnica de la veintena de imputados.
Varela anunció ayer que los fiscales del Tribunal Supremo recurrirán las sentencias de la Audiencia Provincial de Lugo. El fiscal superior de Galicia considera que no se han vulnerado los derechos de las personas, aunque reconoce que no se sacaron a un reparto en el que la instrucción podía haberle tocado a la propia San José. Estas dos operaciones sobre supuesta corrupción en la provincia «todavía pueden tener cierto recorrido», aunque -apuntó- dependerá de la decisión del Supremo.
Más delitos graves
La Fiscalía también detectó un aumento en algunos delitos concretos de criminalidad grave y violenta, aunque en menor medida que los que tienen que ver con la corrupción. Los homicidios dolosos crecieron un 15,9% al pasar de 19 a 22, los hurtos un 9,4% y las agresiones sexuales un 7,8%. Los 7.121 procesos incoados por violencia machista son, sin embargo, un 6,3% menos que en 2012 y también bajan hasta 857 los menores llevados a juicio, un 11,4% menos.
Aún así, Varela afirmó que preocupa la extensión del sexting. Explicó que proliferan los procedimientos en los que, por lo general chicas, después de grabarse vídeos de contenido sexual o fotografiarse envían ese material a otros conocidos a través de WhatsApp y luego se difunden a otros destinatarios. Esta situación -añadió- suele generar «amenazas y coacciones a las víctimas».
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