Estaban presentes el ministro de justicia, y el de Interior. Y ante ellos el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, decía esto de las leyes españolas. «Es un modelo de enjuiciamiento criminal pensado permítanmela expresión que está pensado para el robagallinas pero desde luego no para el gran defraudador ni para los casos que estamos conociendo de corrupción». Un toque de atención dirigido al lugar donde se aprueban y modifican las leyes. Voluntad aparentemente existe. Pero la reforma del Código Penal de Gallardón lleva más de un año de tramitación parlamentaria. Su borrador introduce nuevos delitos de corrupción. La nueva Ley de Enjuiciamiento criminal duerme en un cajón del Gobierno con sus medidas para, entre otras cosas, agilizar los macroprocesos o impulsar la acusación popular en casos de corrupción. Medidas, sin fecha, para que los ladrones de guante blanco sean verdadera y duramente castigados.
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