La corrupción vulnera las relaciones sociales armónicas, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el correcto desempeño de las organizaciones públicas y privadas. Las prácticas relacionadas con este complejo fenómeno generan una enorme afectación en el desarrollo económico de los países, la aplicación del Estado de derecho y la convivencia de la población en un entorno de justicia y equidad.
En su más reciente publicación titulada ¿No habrá manera de arreglarnos?: corrupción y cultura en México, el doctor Genaro Zalpa Ramírez, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, explica que el crecimiento de la corrupción implica “una disminución en las inversiones que producen bienes y crean fuentes de trabajo, no sólo porque afecta los costos, añadiendo los gastos de los sobornos a los gastos normales de una inversión, sino porque los inversionistas prefieren entornos institucionales más confiables”.
Adicionalmente, desde una perspectiva jurídica y política, es posible observar que la aplicación de la ley y el funcionamiento de las instituciones se ven profundamente afectados, y la percepción de la población en torno a los beneficios de actuar en el marco de legalidad se deteriora claramente en un entorno de corrupción.
México ha presentado históricamente indicadores preocupantes en la materia. Un ejemplo de lo anterior son los datos del último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que publicó Transparencia Mexicana con información del 2010. En él se encuentra que durante este año, en promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso al pago de “mordidas” y señala que se realizaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales y municipales, así como en las concesiones y servicios administrados por particulares.
Es indudable que el combate a la corrupción requiere de la concientización y la actuación de toda la sociedad, y que la labor de todos los órganos y dependencias del Estado mexicano representa un elemento central en el logro de dicho objetivo.
Así lo ha observado la administración del presidente Enrique Peña Nieto y, por tal motivo, en cada una de las reformas que ha impulsado se incluyen medidas claras que fomentan la transparencia, promueven la fiscalización estricta de los recursos públicos y establecen mecanismos para el control y supervisión de las acciones gubernamentales.
Con la misma visión fue planteada la iniciativa de reforma constitucional en materia combate a la corrupción que el licenciado Enrique Peña Nieto, en 2012 —pocos días antes del inicio formal de funciones de la presente administración federal—, con el apoyo del PRI y del Partido Verde en el Senado de la República. Dicha propuesta se enriqueció con otras presentadas por otros grupos parlamentarios, y fue resultado de un exhaustivo proceso de consulta, que permitió avanzar en torno a temas de gran importancia, como la creación de un sistema nacional de combate a la corrupción, que prevé la actuación coordinada entre un órgano constitucional en la materia y una fiscalía autónoma especializada.
Como consecuencia de su aprobación en el Senado de la República, la propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde sigue su proceso legislativo y ha sido objeto de un amplio debate, que habrá de generar un marco propicio para que el Estado mexicano pueda establecer los mecanismos óptimos que permitan fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y minimizar las posibilidades en la realización de actos de corrupción, tanto de parte de los funcionarios públicos como de particulares.
La sociedad mexicana requiere erradicar el ejercicio de prácticas negativas en los diversos ámbitos de convivencia. La consolidación de una reforma legislativa como la que se ha venido construyendo, constituye sin duda un paso importante en dicho sentido; sin embargo, nuestra actuación como ciudadanos, funcionarios, trabajadores y padres de familia será el aspecto central que permita la implementación de una transformación en el combate a la corrupción.
Un México libre de este tipo de prácticas es posible, y con el firme compromiso de las autoridades y la participación de cada uno de nosotros en nuestros espacios de acción, seremos capaces de alcanzarlo.
*Senador de la República por el estado de Aguascalientes
Ciudadanxs C3 
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