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Auditoría detectó supuestas anomalías por RD$60 mil millones en gestión de Díaz Rúa

El presupuesto del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para el 2011 fue de RD$16 mil 373 millones, pero para el 2012, en medio de la campaña electoral, fue incrementado a RD$ 44 mil 886 millones, más otros RD$ 507.3 millones transferidos del Fondo Especial de la Presidencia de la República y varios ingresos internos por más de RD$400 millones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana,- La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) detectó mediante auditoría supuestas anomalías presupuestarias del Ministerio de Obras Públicas de RD$ 60 mil millones, en la gestión del Ingeniero Víctor Díaz Rúa, durante el gobierno de Leonel Fernández.

El informe aborda los ejercicios 2011 y 2012 y examina las transacciones, registros, documentos e informes del estado de ejecución presupuestaria, enfatizando en el cumplimiento de las disposiciones legales, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno del MOP.

La investigación de los técnicos de la Cámara de Cuentas confirmó que las autoridades realizaron operaciones no transparentadas de recursos públicos a lo largo de los dos últimos años de gestión de Díaz Rúa, que violan la Ley Orgánica de Presupuesto y la de Compras y Contrataciones del Estado, entre otras normativas.

Este informe de la Cámara de Cuentas pone de relieve los procedimientos discrecionales, arbitrarios e ilegales en el manejo de los presupuestos correspondientes al 2011 y al 2012, ya que en la experticia se detectaron 31 anomalías financieras y contables, que pusieron en riesgo la correcta y trasparente aplicación del gasto público consignado a ese ministerio.

Entre las irregularidades figuran:

-falta de supervisión del control presupuestario

-manejo inadecuado de los recibos de ingresos

-carencia de sistema de contabilidad integrado

-manejo irregular de efectivos en cajas y bancos

-cuentas bancarias no conciliadas

-emisión de cheques sin fondos

-ingresos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.

Además, y según la auditoría, la institución no cuenta con un control eficiente sobre la administración del personal de la entidad y los procedimientos de recursos humanos, se detectaron pagos de facturas que no pertenecen al período y que fueron clasificados como gastos corrientes en la ejecución presupuestaria. También se detectaron codificaciones inadecuadas de transacciones.

En su informe de 124 páginas, el órgano regulador revela que:

-hubo traslados de equipos sin la debida autorización

-pagos a suplidores sin RNC ni registro de proveedores del Estado

-documentaciones de desembolsos sin sellos de la institución

-pagos de nóminas con recursos internos, duplicidad de desembolsos

-contratos sin los documentes requeridos por ley

-transacciones no registradas oportunamente, entre otras.

Durante ejecución de los presupuestos referidos las autoridades del Ministerio de Obras Públicas dirigidas por Víctor Díaz Rúa infringieron:

-la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público

-la de Compras y Contrataciones del Estado

-la Ley de Planificación e Inversión Pública

-el Sistema Nacional de Control Interno de la Contraloría General de la República

-el Código Tributario Dominicano.

-las normas y reglamentos de la Ley 41-08 de Función Pública y del Sistema de Administración Financiera del Estado.

El actual gobierno conoce auditoría

Los resultados de la investigación financiera fueron remitidos al actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, apuntando las anomalías financieras localizadas en los ejercicios presupuestarios manejados por el ingeniero Víctor Díaz Rúa durante el gobierno de Leonel Fernández.

El presupuesto del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para el 2011 fue de RD$16 mil 373 millones, pero para el 2012, en medio de la campaña electoral, fue incrementado a RD$ 44 mil 886 millones, más otros RD$ 507.3 millones transferidos del Fondo Especial de la Presidencia de la República y varios ingresos internos por más de RD$400 millones.

Estos recursos fueron gastados sin disponer de estados financieros confiables, debido a que no hubo un sistema de riesgos contables que permitiera procesar y generar informaciones oportunas y fiables. De esta manera, según los auditores, los dineros del Estado estuvieron expuesto a un alto riesgo en el sistema de información financiera y administrativa para la toma de decisiones.

Asimismo, destaca el informe que la entidad no cuenta con un plan estratégico que contemple el desarrollo de tecnológica de información combinadas a las necesidades estratégicas institucionales.

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