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Caso Díaz Rúa V: Altos funcionarios se repartieron RD$250 millones

La práctica contraviene, además, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, en su Artículo 24, y una disposición especial de la Contraloría General de la República

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Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do /Víctor Díaz Rúa.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)  se adjudicaron ilegalmente más de RD$250 millones en incentivos especiales, compensaciones y “bonificaciones”,  en los dos últimos años de la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa, en el gobierno de Leonel Fernández.

Los fondos repartidos entre el ministro,  los 22 viceministros y 10 directores generales que laboraban en el periodo de la fiscalización, fueron generados por conceptos de tramitación de planos,  licencia de construcción, venta de reglamentos y folletos, entre otros.

La información se encuentra en la auditoria que la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) levantó sobre los ejercicios presupuestario de los años 2011 y 2012.

La práctica contraviene, además, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, en su Artículo 24, y una disposición especial de la Contraloría General de la República

El informe precisa que en el 2011 el MOPC obtuvo ingresos extrapresupuestarios por el monto de RD$ 78 millones 102 mil 139, por concepto de gastos de inspección y supervisión de obras, mientras que en el 2012 los ingresos fueron de RD$ 208 millones 909 mil 393, arrojando un balance de RD$ 287 millones 011 mil 532, de los cuales más de 250 millones fueron repartidos en  gratificaciones a los funcionarios.

Además, y conforme a la investigación, el MOPC obtuvo ingresos extrapresupuestarios con concepto de cobros de peajes en 2012, por RD$ 112 millones 555 mil 271. También se recaudó a través de las emisiones de licencias que hace la empresa Dekolor, RD$ 322 millones 472 mil 868 y por inspección y supervisión de obras el monto de RD$ 304 millones 271 mil 920. En relación a estos recursos la auditoria no estable en qué fueron utilizados.

La experticia detalla que la administración de Díaz Rúa, dispuso de los recursos extrapresupuestarios para cubrir pagos de los incentivos, sin aprobación de la Contraloría General de la República (DGR) ni de la  Dirección General de Presupuesto.

Los altos funcionarios recibieron “bonificaciones” y compensaciones, además de dietas y otros incentivos,  que se pagaron a través de la cuenta Servicios Especiales No. 240-012162-6, del Banco de Reservas, sin que se registran esos recursos en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La CCRD señala que en 2011 el ministerio dispuso ilegalmente de  RD$44 millones 986 mil  para favorecer a funcionarios con el pago de sobresueldos, mientras que en el 2012 la suma por ese concepto se incrementó a RD$ 57 millones 968 mil 926 pesos.

Los desembolsos por bonificaciones y gratificaciones en el 2011 ascendieron a RD$ 75 millones 270 mil 506, y en 2012 los funcionarios recibieron la suma de RD$ 71 millones 776 mil 22, según detalla la experticia de los técnicos de la Cámara de Cuentas.

Ese reparto de dinero contraviene lo dispuesto por la Contraloría General de la República en la circular  No.00003, de 2004, que establece:

“Se prohíbe pagar nóminas de sueldos (servicios personales) por los fondos propios (extrapresupuestarios), tal y como se consigna en el Articulo 25, capitulo V1 del Reglamento de Fondos en Avances y Reponibles.”

La práctica contraviene, además, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que en su Artículo 24 explica ordena:

“Todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de pastamos en efectivos o en valores  percibidos y deben ser depositados en la Tesorería Nacional  y para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria.”

En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas recomienda  al ministro de Obras Públicas instruir a la Dirección general Administrativa y financiera suspender el pago de los valores correspondiente a las nóminas con recursos propios, y se apegue a lo establecido en la citada circular  de la Contraloría General de la República.

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