SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Los miembros del Ministerio Público que representan al Estado en la audiencia que conoce una solicitud de levantamiento del bloqueo que busca impedir a venta o traspaso de los bienes del senador Félix Bautista y la Inmobiliaria Rofi, solicitaron hoy, por segunda vez, al juez de instrucción especial Frank Soto, designado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desapoderarse del caso.
Al hacer la solicitud, los representantes del Ministerio Público invocaron un supuesto conflicto de competencia que obligaría al magistrado a declinar el expediente y remitirlo al pleno de la SCJ para que decida cuál de las tres jurisdicciones apoderadas debe conocerlo, pedimento que también fue rechazado por el juez Soto Asimismo, pidieron al juez inhibirse de continuar al frente del proceso por su conocida amistad, admitida según ellos públicamente por el juez Soto, circunstancia que podría contaminar el proceso.
El magistrado también rechazó esta solicitud, la que calificó de “abuso del Ministerio Público”, por cuanto nunca ha sido amigo ni ha compartido mesa con el senador Bautista.
Al plantear y motivar su pedimento, el procurador adjunto Carlos Castillo argumentó que el Ministerio Público ya formalizó su acusación contra Bautista por los supuestos delitos de lavado de activos, corrupción administrativa e enriquecimiento ilícito, expediente del cual la SCJ apoderó al juez de instrucción especial Alejandro Mocoso Segarra.
De igual modo, añade, el Ministerio Público dio a conocer este miércoles que también sometió una solicitud de medida cautelar para que esos bienes sean definitivamente inmovilizados y finalmente, está el conocimiento de una solicitud de levantamiento de la nota de advertencia que mantiene congelados los bienes del dirigente peledeísta y legislador.
“En ese circunstancias, usted, magistrado, no tiene competencia para conocer un expediente del que están apoderados tres jueces de la misma jurisdicción, en virtud de que eso provoca un conflicto de competencia, tal y como está contemplado en el artículo 67 del Código Procesal Penal. Hay tres apoderamientos de un mismo proceso y eso, indudablemente, va a generar fallos individuales que serían contradictorios, por lo que entendemos que debe ser el pleno de la SCJ, como autoridad jurisdiccional, el que decida cuál de esos tres magistrados debe conocer debe conocer este conflicto de competencia en una sola audiencia”, explico el magistrado Castillo.
La solicitud fue contestada por la barra de la defensa del senador Bautista, uno de cuyos integrantes, el abogado Pedro Balbuena Bautista, la calificó de “absurda” y de “chicana jurídica” que busca detener la buena marcha de la justicia. Refutó que en el caso haya conflicto de competencia.
Conocida las posiciones de ambas partes, el juez Soto dio por cerrados los debates y se retiró a deliberar para decidir si acogía o no el pedimento. Media hora después, concluyó en que el Ministerio Público no pudo demostrar el alegado conflicto y rechazó que el apoderamiento de tres jueces de hechos que involucran a Bautista no lo invalida para determinar si se violaron o no los derechos del senador.
Rechazada por segunda vez la falta de competencia, el juez ordenó la continuación del proceso, siendo interrumpida de nuevo la causa cuando la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, interpuso oralmente un recurso de oposición a esa resolución. El juez Soto lo rechazó, esta vez “in voce” y sin ninguna ponderación, lo que fue respondido por el Ministerio Publico con otro pedimento de que el magistrado se inhiba por su conocida amistad con el senador.
Ayer, el Ministerio Público y los movimientos Ciudadanos contra la Corrupción y Comité Nacional de Abogados (CONA) también pidieron la declinatoria, lo que no fue acogido por el magistrado.
Ciudadanxs C3 
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