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Organizaciones califican la sentencia 256/14 de “retroceso institucional y jurídico” ANNAY MERCEDESDERECHOS HUMANOS  ARTÍCULO

los Derechos Humanos (Corte-IDH) para conocer procesos contra el país.

Durante una rueda de prensa Sergia Galván, dirigente de Colectiva Mujer y Salud, leyó un documento que indica que esta sentencia “constituye un retroceso institucional y jurídico que lesiona el carácter progresivo e irreversible de los derechos humanos”.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la CIDH suscrito por el expresidente Leonel Fernández en1999. La sentencia 256/14 se emitió luego que la CIDH condenara al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.

Las organizaciones hicieron un llamado al Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y en materia de derechos humanos que acarrearía esta decisión. “Vemos con alarma como nueva vez el Tribunal Constitucional violenta con sus decisiones la Constitución dominicana (…) evidenciando además un preocupante desconocimiento de los principios elementales del derecho internacional y su propia jurisprudencia”, señala el documento.

Asimismo, las organizaciones manifiestan que el fallo del TC “es una prueba fehaciente de la dificultad que tienen los ciudadanos(as) dominicanos de requerir el cumplimiento de la ley a las instancias que administran justicia en el país cuando el infractor es el propio Estado, lo que intensifica la vulnerabilidad de todos”.

Guillermo Peña, representante del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), consideró que la desvinculación del país de la CIDH “incentiva la impunidad y niega a los dominicanos la posibilidad de justicia cuando han agotado todas las instancias internas”.

Al respecto Rosalía Sosa, de Participación Ciudadana, deploró la sentencia y la calificó de “desafortunada.”

“El Tribunal Constitucional parte de la premisa de que el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte es un tratado y por lo tanto tiene que pasar por el Congreso, lo que evidencia que desconoce los contenidos de la CIDH, que establecen que es una declaración unilateral y convencional”, expresó Sosa.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Colectiva Mujer y Salud, el Centro Bonó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas.

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