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El expediente acusatorio del caso Félix Bautista y la decisión de la justicia

El problema no recae ahora en los acusados, quienes tendrán que atenerse a las consecuencias de sus actos. El problema será para los jueces que pretendan o deseen ignorar estas imputaciones, acusaciones y no ver la gran cantidad de pruebas que les han entregado. No es con tecnicismos jurídicos que este expediente pudiera enviarse al zafacón de la historia judicial dominicana.

Cuando se lee con detenimiento el expediente de la Procuraduría General de la República sobre las actividades económicas de Félix Bautista, y de sus socios, la impresión que queda es de que ellos actuaron con conciencia de que nunca serían investigados, ni perseguidos, y que todo cuanto realizaban sería aprobado sin más por sus superiores.

El expediente es voluminoso, pero hay que hacer nota que en la pieza de la Procuraduría se hace referencias a documentos que se tienen pero no se entregan para conocimiento del público.

Cualquier persona que sea sometido por la autoridad pública, con tantos documentos, tantas pruebas, cruzando las informaciones de los diversos departamentos estatales, de impuestos internos, de bancos comerciales, de la Superintendencia de Bancos, de la Dirección de Migración, de la Dirección de Aeronáutica Civil, debía estar convencida de que la cárcel es inevitable.

Félix Bautista y sus socios se dieron el lujo de realizar actos ilegales que eran fácilmente descifrables, como los que se mencionan en relación a compras de aeronaves, empresas de construcción, la presencia de familiares y allegados de Félix Bautista, lo que a todas luces deja una estela muy larga de pruebas que ponen a las autoridades en alerta sobre la comisión de múltiples delitos de falsedad, testaferrato, ocultamiento, simulación, entre otros delitos.

El interrogatorio a cualquiera de los personajes involucrados en este expediente puede dejar en la orfandad a quienes lo organizaron. Hay datos que se escapan a los supuestos accionistas, hay recursos que no es posible ocultar y la mentira brota por cualquiera de las puertas y ventanas que se abran.

Por ejemplo, la compra de un avión por parte de un empresario socio y amigo de Félix Bautista. Puede ser legítimo que un ingeniero compre un avión, pero si éste profesional ha declarado al fisco consecutivamente impuestos por apenas unos miles de pesos por año, en el último lustro, no será consistente que haya adquirido un avión de la dimensión de un Gulfstream, con capacidad para vuelos transatlánticos. En cualquier píos del mundo que se respete, esta persona ya estuviera tras las rejas.

La cantidad de vuelos realizados en esa nave es otra dimensión del problema en que se encuentran los implicados. Todo el mundo tiene libertad de moverse de un lugar a otro. Sin embargo, el Estado tiene la potestad de investigar sus actividades, si de por medio se encuentra un funcionario público, a quien se señala como responsable del lavado de activos, y en particular de aprovechamiento de sus funciones para acumular fortuna con el dinero del país.

Quien conozca este expediente, quien sabe de la dimensión de las imputaciones que se están haciendo, y quien al mismo tiempo conoce la forma en que históricamente han actuado las autoridades que investigan la corrupción, podrían concluir que este es un caso diferente.

No es que el Ministerio Público no haya tenido capacidad para elaborar esta pieza, tampoco que haya manos extrañas metidas aquí, sino que se trata de una investigación que pudo involucrar a más de un país, y que los acusados y sus cómplices se emborracharon de poder, se creyeron los dueños de una finca llamada República Dominicana, y jamás pensaron que pudieran ser llevados a un tribunal. Todo cuanto hicieron dejó huellas imborrables que ahora están en este expediente que tiene un peso jurídico imposible de ignorar.

El problema no recae ahora en los acusados, quienes tendrán que atenerse a las consecuencias de sus actos. El problema será para los jueces que pretendan o deseen ignorar estas imputaciones, acusaciones y no ver la gran cantidad de pruebas que les han entregado. No es con tecnicismos jurídicos que este expediente pudiera enviarse al zafacón de la historia judicial dominicana.

Estamos seguro que el crespón negro sería tan pesado, que quien cargue con él podría ser llevado a la justicia, en otra circunstancias, y hasta podría ser sancionado por prevaricación, inobservancia e incumplimiento del deber. Y tal vez quienes juzguen no sean solo los tribunales dominicanos, sino el conjunto de la sociedad, convertida en valladar contra la impunidad y contra la corrupción en todas sus expresiones.

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