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El laborantismo del Tribunal Constitucional contra Danilo Medina Por acento.com.do . 2

El fanatismo nacionalista ha conducido al Tribunal Constitucional a su deterioro más profundo, incluso antes de que pudiera legitimarse. Carente de liderazgo, ese organismo ha caído en manos del peor extremismo, y con él se socaba la oportunidad del gobierno del presidente Medina de avanzar en su programa de gobierno.

Foto: Milton Ray Guevara y varios jueces del TC en la sede de la Corte Intaramericana de los Derechos Humanos, en Costa Rica, el año pasado, incluyendo el autor de la sentencia 168-13, el magistrado Castellanos.

El gobierno del presidente Danilo Medina está sometido al hostigamiento por parte de un sector del Partido de la Liberación Dominicana, que se siente dolido por actuaciones gubernamentales que las interpreta como agresiones al ex presidente Leonel Fernández y su entorno, en especial al senador Félix Bautista.

Eso explica que se utilicen organismos del Estado en los cuales el ex presidente Fernández ha probado que tiene influencia, para no decir control, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Congreso Nacional o la Junta Central Electoral. El primero y el último son los más beligerantes en su laborantismo contra el presidente Danilo Medina y su equipo de gobierno.

Las sentencias del Tribunal Constitucional son sólo un indicio de hasta dónde es posible distorsionar y manipular las instancias legales del Estado para atollar la gestión de gobierno del presidente Medina. La primera gran estocada se la dieron emitiendo la sentencia 168-13, desnacionalizando a miles de dominicanos de ascendencia haitiana y colocando al gobierno a la defensiva frente a la comunidad nacional e internacional.

También es golpe de Estado cuando órganos sin legitimación democrática directa, como una elección, atan las manos a quien ostenta la legitimidad y representación popular y le limitan u obstaculizan atribuciones esenciales de su condición de jefe de Estado

Derechos humanos es tema sensible, y pone los pelos de punta en la comunidad mundial, incluyendo gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, grupos profesionales, organizaciones con enfoques políticos liberales, entidades de las Naciones Unidas, países enteros, iglesias y asociaciones antidiscriminación.

Danilo Medina y su gobierno han debido defenderse con la cautela que el tema amerita, porque de rechazar de plano la sentencia se exponían a un juicio político al presidente de la República por violar disposiciones constitucionales. El presidente ha conservado la más alta popularidad y su gran apoyo ha impedido que el plan de inhabilitarlo llegara a manos de los responsables de esa parte del entramado.

El presidente y su equipo lograron disuadir a la derecha recalcitrante y se emitió la Ley 169-14, con el objetivo de aplacar la ira de la comunidad internacional y de contener la presión local, pero tuvo el rechazo velado de quienes apoyaron la solución de consensuar una ley que restableciera algunos derechos y le abriera una vía a los desnacionalizados para alcanzar la nacionalidad. De todos modos, la Junta Central Electoral y la Dirección Nacional de Migración hicieron todo cuanto les fue posible para obstaculizar los planes de restablecer esos derechos. El resultado de la Ley 169-14 es insignificante.

Vino la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, algo previsible, y el gobierno comenzó a buscar opciones para responder como corresponde. Mientras se hacían las consultas con juristas y sectores especialistas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que la RD forma parte desde 1977, y que fue ratificado por el gobierno de Leonel Fernández en 1999, el Tribunal Constitucional aceleró el conocimiento de una instancia de los ultranacionalistas del 2005, presentado a la Suprema Corte de Justicia, y dictó un adefesio de sentencia que debe avergonzar a la comunidad dominicana.

Para evitar que el gobierno respondiera, y de paso crear una oleada mayor de dificultades, el Tribunal Constitucional aceleró la publicación de la sentencia 256-14, mediante la cual desliga a la RD del instrumento de adhesión a la CorteIDH. Vale decir, que dejó claro que, en retaliación por una sentencia condenatoria, que el gobierno analizaba, ya el país no formaba parte de la CIDH y no tenía que aceptar la referida sentencia.

Ahora viene una nueva decisión, respecto de la Ley 169-14, que el TC se apresta a declarar inconstitucional, para volver a lo dictado por la sentencia 168-13. En todo esto el gobierno de Danilo Medina pierde tiempo, pierde energía, pierde convicción moral, y antes que hacer frente a los reales problemas del país, se ve amarrado de las manos haciendo frente a los problemas que se les crean en este ambiente de distracción y boicot.

Mucha gente no quiere ver esto. La ficha que se utiliza para inhabilitar a Danilo Medina y a su equipo es la “defensa de la patria”. Gente que nunca ha defendido la patria, que siempre ha estado al servicio de intereses espurios, incluso sujeto a intereses extranjeros, realizan todo cuanto les resulta posible para presentar a los verdaderos demócratas como traidores a la patria y como enemigos de la existencia de la República Dominicana. Lo mismo que hicieron los enemigos de Juan Pablo Duarte para extrañarlo del país, sacarlo del debate nacional y remitirlo a morir en la miseria en Venezuela, en medio del más lamentable deterioro moral.

El fanatismo nacionalista ha conducido al Tribunal Constitucional a su deterioro más profundo, incluso antes de que pudiera legitimarse. Carente de liderazgo, ese organismo ha caído en manos del peor extremismo, y con él se socaba la oportunidad del gobierno del presidente Medina de avanzar en su programa de gobierno.

Es bueno tener claro que un golpe de Estado no solo se produce si el presidente es sacado del gobierno, derrotado, como ocurrió con Juan Bosch o con Salvador Allende. También es golpe de Estado cuando órganos sin legitimación democrática directa, como una elección, atan las manos a quien ostenta la legitimidad y representación popular y le limitan u obstaculizan atribuciones esenciales de su condición de jefe de Estado y del gobierno. Hay que pensarlo respecto de estos nuevos órganos que aún fueron aprobados por la nueva Constitución carecen de legitimidad.

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