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decisión Frank Soto, juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de la cual se acogió un recurso de amparo elevado por el senador Félix Bautista para que le desbloquearan propiedades multimillonarias, es penosa para la institucionalidad, la majestad de la justicia y la lucha contra la corrupción administrativa. De ahí la amplia indignación que ha producido en el ánimo público y en diferentes sectores que han respaldado, de forma decidida y sin reserva, todas las acciones destinadas a impulsar una cruzada en favor de un manejo pulcro y transparente de los recursos estatales. Sin embargo, el dictamen del magistrado no ha sorprendido, sino que vino a confirmar los temores, expresados en diferentes ámbitos, de que difícilmente podría esperarse una decisión justa o imparcial, debido a la estrecha relación de amistad y compromiso partidario con el senador Bautista. Independientemente de las argumentaciones del juez, en las que se aduce una supuesta mala instrumentación del pedido elevado por la Procuraduría, la medida ha traído a la memoria la tesis, tantas veces citada y discutida, de que las altas cortes fueron estructuradas de tal forma para que sirvieran de valladar ante cualquier imputación al ex presidente Leonel Fernández, a sus allegados y a su estrecho entorno político. Esta versión quizás no sea del todo precisa o demostrable, pero ya en la percepción de la gente ha prendido de tal manera que tiene carta de autenticidad muy cercana a la realidad, y decisiones como la tomada por el juez Soto afianzan esa extendida opinión. A pesar de su natural y comprensible enfado por una decisión que con toda razón se considera proclive a una cultura de impunidad, es bueno que la Procuraduría siga adelante y con acciones aún más abarcadoras, porque hay muchos corruptos enriquecidos con las arcas públicos que nadie menciona y que ninguna autoridad toca. Aun con el revés sufrido, ya que en principio se buscaba la posible distracción de bienes que podrían ser fruto a actos dolosos, es oportuno señalar que la realización de un eventual proceso judicial no está cerrada porque siguen en curso acciones que podrían crear las bases para un juicio de fondo. En vista del cuestionamiento público de que ha sido objeto, es al senador Bautista a quien le convendría que la legitimidad de sus bienes y recursos pudiera ser ventilada en los tribunales, sobre todo si como el sostiene, las acusaciones son infundadas y si cuenta con los medios para exponer su fórmula secreta o mágica para haber logrado acumular su cuantiosa fortuna en pocos años, mientras a grandes magnates del empresariado y a la industria local e internacional estos procesos le han tomado largos períodos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La decisión Frank Soto, juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de la cual se acogió un recurso de amparo elevado por el senador Félix Bautista para que le desbloquearan propiedades multimillonarias, es penosa para la institucionalidad, la majestad de la justicia y la lucha contra la corrupción administrativa.
De ahí la amplia indignación que ha producido en el ánimo público y en diferentes sectores que han respaldado, de forma decidida y sin reserva, todas las acciones destinadas a impulsar una cruzada en favor de un manejo pulcro y transparente de los recursos estatales.

Sin embargo, el dictamen del magistrado no ha sorprendido, sino que vino a confirmar los temores, expresados en diferentes ámbitos, de que difícilmente podría esperarse una decisión justa o imparcial, debido a la estrecha relación de amistad y compromiso partidario con el senador Bautista.
Independientemente de las argumentaciones del juez, en las que se aduce una supuesta mala instrumentación del pedido elevado por la Procuraduría, la medida ha traído a la memoria la tesis, tantas veces citada y discutida, de que las altas cortes fueron estructuradas de tal forma para que sirvieran de valladar ante cualquier imputación al ex presidente Leonel Fernández, a sus allegados y a su estrecho entorno político.
Esta versión quizás no sea del todo precisa o demostrable, pero ya en la percepción de la gente ha prendido de tal manera que tiene carta de autenticidad muy cercana a la realidad, y decisiones como la tomada por el juez Soto afianzan esa extendida opinión.
A pesar de su natural y comprensible enfado por una decisión que con toda razón se considera proclive a una cultura de impunidad, es bueno que la Procuraduría siga adelante y con acciones aún más abarcadoras, porque hay muchos corruptos enriquecidos con las arcas públicos que nadie menciona y que ninguna autoridad toca.
Aun con el revés sufrido, ya que en principio se buscaba la posible distracción de bienes que podrían ser fruto a actos dolosos, es oportuno señalar que la realización de un eventual proceso judicial no está cerrada porque siguen en curso acciones que podrían crear las bases para un juicio de fondo.
En vista del cuestionamiento público de que ha sido objeto, es al senador Bautista a quien le convendría que la legitimidad de sus bienes y recursos pudiera ser ventilada en los tribunales, sobre todo si como el sostiene, las acusaciones son infundadas y si cuenta con los medios para exponer su fórmula secreta o mágica para haber logrado acumular su cuantiosa fortuna en pocos años, mientras a grandes magnates del empresariado y a la industria local e internacional estos procesos le han tomado largos períodos.

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