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Narcotráfico y gobierno en RD: el discurso por un lado y la acción por otra

Los vínculos de Félix Bautista con el caso José Figueroa Agosto recuerdan los grandes escándalos no aclarados

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Paradójicamente, el mismo día que las portadas de los periódicos destacan la preocupación del presidente Leonel Fernández porque 90% de los acusados de narcotráfico quedan libres, también se divulgaron las declaraciones de Mary Peláez, en su condición de acusada de vínculos con el narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, en las cuales afirmaba que el Félix Bautista le dijo que tenía órdenes del presidente Leonel Fernández de asignarle un contrato con el Estado.

Periodistas y personalidades que hacen opinión han cuestionado al Ministerio Público, al Congreso Nacional, y al propio presidente de la República, por ignorar los vínculos que se le atribuyen a este importante dirigente y funcionario, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), actual senador y antes director de la Oficina Supervisora de Obras de Estado. Precisamente, en ese último cargo Bautista otorgó el contrato grado a grado a Mary y a Adolfina (Dolfi) Peláez, por valor de RD$16 millones, en base a la compañía ENADIZ, creada a la carrera con fecha “vieja” para simular que operaba desde hacía tiempo.

Lo que algunos observadores ven como “negligencia” del Gobierno, otros la observan como una de las manifestaciones más claras de su falta de voluntad para enfrentar el narcotráfico, y señalan otros casos muy sonados que debieron ser objeto de una investigación más a fondo, como el del español Arturo del Tiempo Marqués o el del dominicano Nelson Solano.

En el caso de Del Tiempo, tanto el gobernante como el país quedaron muy mal parados cuando salió a la luz que fue precisamente el primer mandatario quien dio el “primer picazo” para la construcción de la famosa Torre Atiemar, propiedad de Del Tiempo, y que la obra fue financiada por el estatal Banco de Reservas.

Además, el entonces jefe policial dominicano, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, lo nombró oficial de la Policía Nacional dominicana. Del Tiempo entraba y salía a casi todas las oficinas importantes del Gobierno y de muchas empresas privadas y plazas comerciales muy exclusivas.

Nunca de manera oficial se explicó quién y por qué llevó a este “inversionista” hasta el despacho del presidente Fernández, ni quién convención al mandatario para que diera el primer picazo para la construcción de la hoy infame torre. Sólo se dijo, extraoficialmente, que un embajador colombiano había hecho los contactos entre Del Tiempo y el presidente Ferández.

Del Tiempo entraba y salía a casi todas las oficinas importantes del Gobierno y de muchas empresas privadas y plazas comerciales muy exclusivas

Tampoco se ha explicado cómo se dejó en libertad al único acusado de este caso que estaba en prisión, el colombiano Germán Eduardo Duque García, quien ni tonto ni perezoso se largó del país.

En cuanto al caso de Nelson Solano, conocido como “El Zar de la Heroína”, que fue condenado por narcotráfico en Nueva York, se dijo que había sido favorecido por el Gobierno con varios contratos, por un monto total que rondaba los RD$5 mil millones, incluyendo una concesión para la construcción de una presa. Este hombre, incluso aparecía en varias fotografías con el Presidente de la República, durante una reunión celebrada en Puerto Plata.

Todo esto sin mencionar el cargamento de drogas más grande descubierto e incautado en el país: 2 mil 250 kilos de cocaína procedentes de Venezuela (Recuérdese que el caso Quirino envolvió la confiscación de un cargamento de 1,387 kilos de cocaína). El cargamento del barco fue descubierto el 19 de septiembre de 2006 porque el gobierno de Venezuela alertó a las autoridades dominicanas, pero nunca hubo un apresado ni un acusado en el país, ni se supo quién era la persona responsable de retirar el cargamento en territorio dominicano.

Por otro lado, en la actualidad, los crímenes relacionados a las drogas son la segunda causa de delitos en República Dominicana, según las estadísticas más recientes publicadas por la Procuraduría General de la República, que datan del primer semestre de 2010.

En ese semestre estos crímenes representaron el 22.03% de la totalidad (8,726 casos), superados sólo por los casos de violencia intrafamiliar, que representaron el 26.72%, es decir 10,585 casos denunciados.

¿Dejadez o fracaso?

Aunque Fernández manifestó en la mañana de ayer jueves que su gestión ha hecho todo lo que está a su alcance para combatir el narcotráfico, el hecho de que no se hayan investigado casos como éstos demuestra la dejadez oficial con relación al tema o, de lo contrario, un rotundo fracaso de su administración en materia de persecución del narcotráfico y de política para bajar el consumo de drogas prohibidas.

A esto se suma la falta de recursos en las entidades dedicadas a perseguir este crimen, a prevenirlo y a rehabilitar los consumidores de drogas prohibidas.

Esta situación es destacada por el presidente de Hogar Crea Dominicano, Leopoldo Díaz, quien afirma que le sorprenden las declaraciones emitidas por el Presidente en el foro “Integración, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Regional” referentes a su preocupación por la impunidad.

“A pesar de esas advertencias notamos con preocupación que en las instituciones tanto represivas como educativas no recibieron en un momento, ni están recibiendo ahora, el apoyo necesario, y hablo recursos económicos para hacer su trabajo con la efectividad que la gravedad del caso amerita”, sostiene.

Agrega que, en estos momentos, en lugar de reforzar el apoyo económico a las instituciones que trabajan en la persecución y prevención de este delito, el Gobierno lo está disminuyendo.

“Un ejemplo es la modificación del artículo 33 de la ley 72-02, Contra Lavado de Activos. Cuando debe reforzar la aplicación de esos recursos contra lavado de activos, lo que hace la procuraduría es quitarlos y dárselos al ministerio público para dárselos a las cárceles. Lo más importante es entender que en estos momentos todas las instituciones que trabajan el tema necesitan mayor cantidad de recursos económicos”, explica.

Citó también que se desconoce el paradero de los recursos que le da la ley 50-88 prevé para la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Consejo Nacional de Control de Drogas y las instituciones que trabajan en rehabilitación.

“No sabemos dónde están esos recursos. Alguien debe estar utilizando esos recursos de forma indebida, porque no se están usando para lo que dice la ley que tienen que ser utilizados”.

Dijo también que la situación del narcotráfico en el país es cada vez peor, igual que el problema de consumo: “Si hoy estamos como estamos, es precisamente por eso: las instituciones no tienen recursos para hacer el trabajo que deberían hacer”.

NA

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