«Se está gestando una piñata de impunidad»

Con este fuerte calificativo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denomina la fórmula que estudia Colombia en el marco de los acuerdos de paz para aplicar una justicia alternativa que reduciría o eliminaría las condenas, tanto de guerrilleros como de militares que hayan cometido crímenes de guerra. Critica también al ministro Pinzón por interferir a la justicia.
Por: Cecilia Orozco Tascón
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José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. / AFP
Hablando de las Fuerzas Armadas, el polémico informe de Human Rights Watch (HRW) dice que a pesar de que los denominados falsos positivos disminuyeron drásticamente a partir de 2009, aún se presentan ejecuciones extrajudiciales. Y señala que algunas ocurrieron entre 2013 y 2014, es decir, en pleno gobierno Santos. ¿A cuáles casos se refieren?

El número de asesinatos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública disminuye cada año. Las cifras correspondientes al gobierno de Santos son relativamente bajas y no tienen punto de comparación con lo ocurrido durante la gestión de Uribe, cuando hubo miles de presuntos falsos positivos. Sin embargo, hubo denuncias de algunas ejecuciones ilegales por agentes del Estado en 2013 y 2014. Hay varios procesos en la Fiscalía, y la Unidad de Derechos Humanos está investigando cinco casos ocurridos en esos dos años. Diversas organizaciones de derechos humanos colombianas también han denunciado otros similares.

HRW también asegura que las Fuerzas Militares y el ministro Pinzón han tratado de “desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos”, y enfatiza unas declaraciones del ministro en que dice que la Fiscalía les presta “exceso de atención” a testigos que nombraron a unos generales del Ejército como involucrados en ese tipo de delitos. ¿Por qué ustedes resaltan esa frase?

Resaltamos este incidente porque no le corresponde a un ministro de Defensa cuestionar las decisiones judiciales de la Fiscalía. Los fiscales tienen independencia y autonomía para evaluar las pruebas y tomar las determinaciones correspondientes. Hay muchos de ellos que, con grandes esfuerzos y asumiendo riesgos, han logrado avanzar investigaciones sobre falsos positivos. Creo que la afirmación del ministro transmite el mensaje desafortunado de que ellos no cuentan con el apoyo del Gobierno. Además de haberse referido a “un exceso de atención” al testimonio del coronel Róbinson González del Río, hay otros ejemplos.

¿Qué opina de la reacción del ministro Pinzón que dijo que “no permitirá difamaciones” contra las Fuerzas Armadas?

Lamento las declaraciones tan desafortunadas del Ministerio de Defensa contra Human Rights Watch, aunque debo admitir que en Washington, en estos días, el ministro bajó el tono y usó un lenguaje mucho más amable. La manifestación que contiene el informe sobre el ministro se formula a partir de un análisis objetivo de datos públicos. Además de haberse referido a un “exceso de atención”, hay otros ejemplos en los cuales él ha actuado para desacreditar investigaciones sobre falsos positivos.

¿Podría citar algunos?

Sí. Por ejemplo, en diciembre de 2012, el ministro Pinzón nos envió una carta que hacía referencia a tres casos que daban cuenta, en palabras de él, de la “alarmante situación de militares condenados por bajas ocurridas en combate”. Examinamos y comprobamos que esos casos se relacionan con falsos positivos en los cuales la justicia impuso, correctamente, una condena. Más adelante, durante un debate en el Congreso, en noviembre pasado, el ministro expresó que existe “una agenda ideológica con fines políticos que busca desprestigiar a las Fuerzas Armadas y que probablemente busca alcanzar por medio de la mentira… aquello que no alcanzaron con los atentados terroristas…”. Añadió que “en agendas coordinadas pretenden simplemente convertir cada acción de nuestras Fuerzas Armadas en eso que llaman falso positivo”. Todavía estamos esperando que el ministro proporcione un caso concreto de un soldado que haya sido condenado sin fundamentos, por un falso positivo.

Merecieron atención especial de HRW los tres proyectos que impulsa el ministro Pinzón en el Congreso: ampliación del fuero militar, creación de un tribunal especial que revisaría todas las sentencias contra los uniformados y reestructuración de la justicia penal militar. Usted ha dicho que si se aprueban, habría un grave retroceso de derechos humanos en Colombia. ¿Por qué lo cree?

El ministro de Defensa está promoviendo proyectos de ley en el Congreso que ampliarían la jurisdicción de la justicia penal militar. Uno de ellos modificaría la Constitución, y los otros dos buscan reestructurar la justicia penal militar, modificar las reglas del Derecho Internacional Humanitario y definir qué constituye una “ejecución extrajudicial” (falsos positivos). Estos proyectos nos preocupan porque se remitirían casos de violaciones de derechos humanos —incluidos falsos positivos—, de la justicia ordinaria a la militar, que no es un órgano autónomo e independiente, y que se caracteriza por no investigar seriamente las violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Su informe alude a la Corte Penal Internacional (CPI). De ella asegura que “continúa realizando un seguimiento de investigaciones locales” de delitos que están en su área de competencia. ¿Estos procesos tienen que ver con los que se adelantan por falsos positivos?

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está monitoreando las investigaciones de falsos positivos para evaluar si la justicia (nacional) alcanza a los máximos responsables de estos delitos. Está haciendo un seguimiento especial de las investigaciones de otros delitos también, como la violencia sexual, el desplazamiento forzado y la promoción y financiación del paramilitarismo. Otro tema de mucho interés para la CPI es el Marco Jurídico para la Paz. En 2013, la fiscal de la CPI advirtió que la suspensión plena de la pena para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad abriría la puerta a una investigación por parte de esa Corte. Y en diciembre reiteró que una condena que fuera inadecuada en relación con la gravedad de los crímenes “viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional”. Es decir, invitaría a una investigación de la CPI.

HRW también asegura que los civiles siguen siendo víctimas “de graves abusos de las guerrillas y grupos sucesores de paramilitares”. Puesto que el país está en negociaciones de paz, vale la pena precisar a qué época se refiere cuando habla de la guerrilla.

A hechos ocurridos en 2014. Por ejemplo, en Tumaco, las Farc fueron responsables de abusos generalizados el año pasado. Documentamos casos de asesinatos, desapariciones, violencia sexual, tortura, entre otros delitos. Un caso que reseñamos en el informe es el de Mónica Julieth Pernía, una mujer de Tumaco, de 25 años, que fue secuestrada, torturada y asesinada, en junio pasado, por ese grupo guerrillero.

Las Farc explican la ocurrencia de algunas de las acciones denunciadas, con la negativa gubernamental a aceptar un cese al fuego bilateral. ¿Esa justificación es razonable para ustedes?

Los crímenes atroces contra la población civil no tienen ninguna justificación, independientemente de si hay o no un cese de fuego.

Usted ha sido un crítico severo de las fórmulas que se han propuesto como penas alternativas para los guerrilleros y que no incluirían ir a la cárcel, como lo prevé la guerrilla. ¿Cuál salida jurídica sería aceptable internacionalmente y, al mismo tiempo, viable en Colombia?

Creo que en Colombia se ha dado demasiada importancia a la idea de que los líderes de las Farc no estén dispuestos a cumplir penas de prisión. No conozco a nadie que quiera ir a la cárcel. Sin embargo, los tratados internacionales de derechos humanos no toman en cuenta si un criminal de guerra desea ir a la cárcel o no. En otras palabras, no es un factor que se considere para mitigar la pena. Apoyo con entusiasmo las negociaciones de paz, porque si se alcanza un acuerdo y se implementa de manera efectiva, indudablemente tendrá un impacto positivo para los derechos humanos en Colombia. Además, es importante aclarar que no estoy abogando por la aplicación estricta de todo el Código Penal. Creo que se pueden otorgar reducciones significativas de las penas de prisión. Por ejemplo, la CPI no objetó las penas de 5 a 8 años para los jefes paramilitares. Lo que sería inaceptable es aplicar penas alternativas que no impliquen privación de la libertad, como el trabajo comunitario que propuso el fiscal Montealegre. Sería una burla para la justicia, el Estado de derecho en Colombia y las víctimas.

¿Quiere decir que para que la solución judicial a que se llegue en las conversaciones sea respetable más allá de las fronteras, necesariamente debe incluir cárcel para quienes firmen la paz?

Quienes hayan sido responsables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad deben pagar penas de cárcel, bien sean guerrilleros, militares o paramilitares.

Grupos colombianos de derechos humanos han criticado al Gobierno por la aparente dualidad en que se mueve: por un lado, ofertas de rebajas o sustitución de penas a la guerrilla. Y por otro, fortalecimiento de las normas que impiden a jueces civiles investigar y sancionar a militares. ¿Cómo explicaría la contradicción interna?

No veo que haya ninguna contradicción. Considero que las reformas al fuero militar y el Marco Jurídico para la Paz, que se aplica tanto a miembros de guerrillas como a militares, son distintos componentes de un paquete legislativo más amplio que ofrece impunidad a personas responsables de hechos atroces. Ambos forman parte de la piñata de impunidad que, me temo, se está gestando como parte del acuerdo de paz.

El término “piñata de impunidad” me parece muy fuerte. ¿No es excesivo para la situación política colombiana en que se intentan acuerdos en vez de continuación de la guerra?

Es una piñata porque todos van a sacar generosos beneficios de estas iniciativas legislativas: guerrilleros y militares responsables de crímenes de guerra podrían protegerse de la persecución penal si no son considerados los máximos responsables; los máximos responsables podrían lograr penas alternativas que no son privativas de la libertad, y los que planearon y ejecutaron falsos positivos podrían transferir sus casos a la justicia penal militar.

Tal vez el único colombiano mencionado con nombre propio en su informe de este año es el senador Iván Cepeda. Sobre él dice que este “reconocido defensor de víctimas” está siendo investigado por la Procuraduría por haberles presentado a las autoridades información sobre supuestos abusos paramilitares y presuntos vínculos con el expresidente Uribe. ¿El caso Cepeda podría configurar uno de persecución política?

No estoy en condiciones de afirmar si existe o no persecución política por parte de la Procuraduría. Pero sí puedo sostener que, sobre la base del análisis jurídico que hemos hecho del caso del senador Cepeda, encontramos razones de peso para concluir que la investigación de la Procuraduría es totalmente infundada.

Los “sucesores de los paramilitares”, como denomina HRW a unos grupos delictivos, es un término que no suele ser utilizado en Colombia. Aquí les dicen “bacrim (bandas criminales)”. ¿Es un eufemismo para ocultar la supervivencia del fenómeno paramilitar?

El paramilitarismo no fue, efectivamente, desmontado en Colombia. No consideramos que los Urabeños, la Empresa y otros grupos de esta índole sean simples bandas criminales. Si bien tienen diferencias importantes con las Auc, estos grupos participan en similares actividades delictivas, como el narcotráfico y graves abusos contra civiles que se interponen a sus intereses, a menudo, con algunos de sus mismos integrantes y en las mismas zonas. Incluso la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo reconocen la continuidad entre las Auc y lo que el Gobierno llama bacrim. La primera de esas entidades estatales ha informado que los Urabeños son una “organización aparentemente paramilitar”. Las cifras de la Policía sobre integrantes de estos grupos, a nivel nacional, oscilan entre 3.000 y 4.000.

El informe menciona, en particular, la situación de Buenaventura en términos del dramático control de ese puerto por parte de los sucesores del paramilitarismo. ¿HRW hizo investigación de campo para establecer la situación del puerto?

Realizamos varias visitas de campo a Buenaventura en 2013 y 2014, donde entrevistamos a decenas de víctimas, sus familiares, testigos y funcionarios públicos. No queda la menor duda de que los responsables de gran parte de la violencia en el casco urbano de ese puerto son los Urabeños y la Empresa. Si estos grupos fueran delincuentes comunes, ¿podrían extorsionar a un abundante volumen de población, crear “fronteras invisibles” entre barrios que nadie puede cruzar, desaparecer y descuartizar a personas, desplazar a miles de residentes, y todo ello con total impunidad? Según cifras oficiales, más de 33 mil habitantes de Buenaventura fueron desplazados en 2013 y más de 22 mil en 2014.

Controversia con eco en Washington

El país político, militar y judicial se conmocionó esta semana cuando se divulgó el informe mundial anual 2015 de la reconocida organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, en que se incluyen varias páginas para evaluar el desempeño de Colombia en esta área. Allí, y bajo una advertencia que reza que “acatar los derechos aún en épocas difíciles no es un lujo”, HRW analiza los sucesos nacionales con una dura lupa a través de la cual critica la conducta de la guerrilla, los “sucesores de los paramilitares”, los militares, el ministro de Defensa y el Estado con sus fórmulas de reducción o anulación de penas para los responsables de delitos atroces. En particular, los párrafos que más ardieron al ministro Pinzón y que lo llevaron a responder con una advertencia según la cual “no permitirá difamaciones” contra las Fuerzas Armadas, indicaban que “el ministro y los altos militares realizaron acciones tendientes a desacreditar las investigaciones sobre falsos positivos” y señalaban el intento del funcionario de quitarle peso a las indagaciones contra varios generales que habrían conocido y cohonestado esos delitos. La respuesta de Pinzón tuvo eco negativo en círculos diplomáticos de Washington en donde el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, se mueve como pez en el agua.

“Lamentablemente” Estados Unidos certificó a Colombia

P/ El examen anual de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los estándares de derechos humanos aquí, y su millonario aporte económico en asistencia militar y humanitaria ¿contribuyen o no a tener una política interna definida en esta materia?

R/ Lo que puedo decir al respecto es que, lamentablemente, el Departamento de Estado certificó que Colombia está cumpliendo los requisitos en materia de derechos humanos establecidos para la asistencia militar estadounidense, a pesar de las evidencias que demuestran lo contrario. Una de las condiciones de esa ayuda militar es que todas las violaciones de derechos humanos sean conocidas, con exclusividad, por las autoridades de la justicia ordinaria. Sin embargo, tenemos evidencias convincentes de que numerosos casos de falsos positivos permanecen en el sistema de justicia militar. Además de los falsos positivos que nunca salieron de allí, algunas violaciones de derechos humanos se remitieron, en 2013, de fiscales de la justicia ordinaria a tribunales militares. Por último, reitero que el gobierno está impulsando leyes que procuran extender la jurisdicción de la justicia militar a delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, lo cual contraviene, de manera directa, la norma del Congreso norteamericano.

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