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PROPUESTA CIUDADANA DE C3

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de enero del año 2021, la ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN (C3), organización sin fines de lucro, debidamente constituida en virtud de la Ley No. 122-05 sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la Republica Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 4-30-12830-9, (Correos electrónicos: c3repdom@gmail.com y ciudadanosc3@gmail.com), representada por su Presidente el Dr. Reemberto Pichardo Juan, dominicano, mayor de edad, Abogado de los Tribunales de la República, matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados con el número 23303-197-01, provisto de la cédula de identidad y electoral número 001-0141965-3, tiene a bien hacer del conocimiento de la ciudadanía dominicana lo que a continuación se escribe:

La presente administración gubernamental desde su toma de posesión hasta la fecha ha realizado lo siguiente:

  1. Presentado y aprobado un presupuesto para el año 2021 de UN BILLÓN 94 MIL 808 MILLONES 402 MIL PESOS, monto este sin precedentes en la historia de la República Dominicana.
  1. Tuvo un cierre del año 2020 con una deuda del sector público no financiero (SPNF) que se situó en 44,684 millones de dólares, un monto que representa un aumento de 8,741.5 millones de dólares en nuevos compromisos durante ese año, con respecto a los 35,942.5 millones de dólares que acumulaba la deuda un año antes.
  1. El pasado 14 de enero del presente año, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una emisión de bonos soberanos por US$2,500 millones en el mercado internacional, de acuerdo con lo consignado en el Presupuesto General del Estado para el 2021, aprobado por el Congreso Nacional.
  1. El Estado solo se encuentra procesando en juicio de fondo el expediente por sobornos transnacionales de la compañía Odebrecht a funcionarios dominicanos presentados a juicio por la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El inusitado aumento en el gasto público se encuentra en total disonancia con la política de austeridad y disminución del gasto público promocionada a través de los medios de comunicación y las redes sociales por la actual administración, sin haberse analizado como merece dicho aumento del gasto público, las causales del mismo, al igual que la pertinencia y el resultado eficiente de la aplicación de dicha decisión gubernamental.

La abismal desproporción que existe entre el aumento del gasto público y endeudamiento del Estado Dominicano por la presente administración gubernamental, contrapuesta a la casi inexistente lucha contra la corrupción y recuperación de bienes sustraídos al Estado Dominicano, cuya realización material está representada por un solo expediente de corrupción en jurisdicción de juicio y una investigación preparatoria en curso (Operación Antipulpo) con una contraparte de más de 326 expedientes engavetados desde el año 2003, que aún siguen en ese estado. Esto deja a la presente administración con menos del 1% (3.26)  de los 326 casos presentados a juicio.

Ante tales desproporciones que afectan de forma directa el patrimonio público y el futuro económico del Estado Dominicano, consideramos que es imperativo como ciudadanos dominicanos respetuosos de la Constitución, dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales consagradas en el numeral 12 del artículo 75 de la misma, el cual impone a cada ciudadano la obligación de “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

Por todo lo antes expresado y en virtud del citado contenido constitucional, consideramos una prioridad de la ciudadanía dominicana lo siguiente:

Primero: Proceder a la convocatoria de entidades y personas de la sociedad civil de reconocida trayectoria y solvencia moral, así como reconocida experiencia y conocimiento técnico en las áreas de presupuesto y gasto público, y de lucha contra la corrupción, con el fin de crear en principio dos comisiones encargadas de: investigar y evaluar las verdaderas razones del aumento del gasto público y su proporcionalidad con la problemática que se propone resolver, así como la efectividad constatada hasta la fecha de la adopción de dichas medidas por la presente administración, la primera; y las circunstancias reales que han generado la cuasi inexistencia de los procesamientos de corrupción por parte de los órganos investigativos y persecutores del Estado  Dominicano, bajo la dirección de la presente administración, así como la proposición de las soluciones pertinentes y realizables dentro de la realidad socioeconómica actual de la República Dominicana, la segunda.

Segundo: La forma de elección de los miembros integrantes de ambas comisiones se hará por designación, una vez constatado que estos llenan tanto los requisitos morales como técnicos, mediante el sistema que todas las entidades y personas participantes en la conformación de las mismas juzguen el más transparente y pertinente.

Tercero: Una vez confirmadas ambas comisiones, procederá el conglomerado de entidades designantes a hacer de conocimiento de la presente administración gubernamental, el inicio de los trabajos de cada comisión y el fundamento constitucional de su creación y funciones, a fines de qué no puedan alegar ignorancia tanto de su existencia como de su constitucionalidad y prerrogativa legal.

Cuarto: Las entidades y personas de la sociedad civil con interés de cumplir con el supraindicado deber constitucional, se pueden dirigir a nosotros para así expresarlo a nuestros correos electrónicos: c3repdom@gmail.com y ciudadanosc3@gmail.com o contactarnos vía whatsapp al número: 849-650-2788.

Agradeciendo de antemano cualquier esfuerzo que en beneficio de la presente propuesta puedan realizar, se despide, 

Muy Atentamente,

Dr. Reemberto Pichardo Juan 

Presidente Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción (C3).

Acerca de Ciudadanosc3

Somos una organización sin fines de lucro, con el fin primario de cumplir con el deber dispuesto en el numeral 12 del Artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana de "Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública".

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