Para está Tercera Parte, continuaremos apoyándonos del periódico de circulación nacional del Estado de la Florida, El Nuevo Herald, cuyo contenido relatará los hechos.
Avanzaremos desde el día 14 del mes de julio al día 21 del mes de noviembre del año 1992, en el Estado de la Florida, dónde, en un artículo, bajo los títulos:
1) Gobierno demanda a ex funcionaria de General Bank.
2) Pleito a ex funcionaria de banco quebrado.
La edición del reputado periódico de ese día, procedía a recoger los eventos de los que eran participes el señor Pedro Ramón López y su esposa en ese entonces la señora Teresa Saldise, a continuación procederemos a reproducir textualmente el contenido de dicho artículo, permitiendo así al lector llegar a sus propias conclusiones, copia del cual ofrecemos como adjunto más abajo, también ofreceremos una fotografía de los señores Franklin Almeyda Rancier (ex Ministro de Interior y Policía), Cesar Pina Toribio (ex Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo) y Ramón Tejada Holguin (ex Director de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE)), todos compartiendo juntos en una de las múltiples reuniones sociales celebradas en casa del próspero empresario Pedro Ramón López.
«SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1992 / EL NUEVO HERALD
LOCALES
Gobierno demanda a ex funcionaria de General Bank
· La RTC también pone pleito a abogados que asesoraron a la quebrada empresa.
Por SUSANA BARCILLA
Teresa Saldise, quien dejó el país después que su compañía de seguros fue confiscada en julio, ha sido demandada por la Resolución Trust Co. en relación con la quiebra de General Bank, un antaño popular institución de ahorros de La Pequeña Habana, donde fungió como vicepresidenta.
En una de demanda distinta, como la RTC adujo que los prominentes abogados de Miami María Elena Prío y John Schulte dieron a la institución una asesoría legal cuestionable.
Ambas demandas, presentadas en la corte de distrito federal la semana pasada, acusaban a ambos abogados de negligencia profesional. La demanda contra Saldise reclama daños por $40 millones .
Saldise ya es demandada por $27 millones por los reguladores del banco federal que confiscaron General Bank en 1989. El gobierno acusó a Saldise y a su esposo Pedro Ramón López de cometer fraude bancario a mediados de la década de 1980, cuando manejaban la institución.
López era presidente de General Bank, así como socio de Saldise en la firma legal López & Saldise. Aunque la firma legal de Saldise fue mencionada en la demanda de RTC presentada la semana pasada, López no es nombrado individualmente.
La pareja huyó del país después que reguladores estatales cerraron otra de las empresas de Saldise, First Miami Insurance en julio. La compañía de seguros era una unidad de General Bank. Addison Meyers, abogado de Saldise, no respondió el viernes a llamadas de Herald.
La demanda de RTC acusa a Saldise de no asesorar al General Bank contra préstamos y procedimientos de préstamos impro- VEA SALDISE, 2B
Pleito a ex funcionaria de banco quebrado
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 1992
EL NUEVO HERALD
SALDISE, DE 1B
-pios. Bajo su administración, el banco hizo préstamos que excedieron los límites, no tenia análisis de créditos o avalúos apropiados y en algunos casos carecía de la requerida aprobación de la junta directiva. Como resultado de tales prácticas, dice la demanda, las pérdidas en préstamos llegaron a $40 millones.
La demanda de RTC contra Prío, Schulte y su firma legal, Jordan Schulte & Burchette, es bastante diferente. Los acusa de que en una carta de opinión escrita por los dos abogados en 1989 se le dio asesoría cuestionable.
La carta de opinión se refería a un negocio de acciones que era parte de un plan de reestructuración propuesto por General Bank para recapitalizarlo.
Schulte expresó el viernes que la carta de opinión decía a General Bank que no cerrara el trato sin reunir los requisitos federales mínimos. Dijo que ratifica su consejo legal y que daría la misma opinión hoy.
¨No somos el consejero de general de General Bank y no estamos en lña junta de directores¨, dijo Schulte.
La demanda ¨es simplemente una política de RTC para despojar de sus ingresos a los profesionales y a sus aseguradoras¨ , dijo Schulte.
Las dos demandas de RTC de la semana pasada son sólo las últimas de una serie de acciones civiles presentadas contra los directores, funcionarios y profesionales afiliados a las desaparecidas instituciones.
Debido a que está en litigio, la RTC no quiso comentar detalles sobre las dos demandas. Pero Felisa Neuringer, portavoz de RTC en Washington, D.C. , dijo que estas se encuentran entre las 230 demandas de responsabilidad profesional que la RTC tiene pendientes en todo el país, más de la mitad de las cuales han sido presentadas en 1992.
De las demandas ya solucionadas, la RTC ha recuperado más de $116 millones, dijo.
La RTC ha presentado demandas contra funcionarios de otras instituciones de préstamos en quiebra en el sur de la Florida, entre ellas Lincola Federal, Miami Savings, Centrust, AmeriFirst y Commonwealth Saving.
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