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Casi al mismo tiempo que el gobernador declaraba, por enésima vez, que vivimos en “un Estado muy seguro”, en una colonia meridana, ultimaban a un abogado, al mejor estilo del crimen organizado, y la víspera, un operativo conjunto, el Ejército, la policía federal, la Seido y la PGR allanaron una vivienda y aseguró 39 vehículos de lujo, presuntamente robados en otras entidades, la mitad de ellos ya con placas del Estado, listos para salir a su correspondiente sector del mercado negro.

La pregunta obligada es: ¿cómo pudieron llegar al estado esos vehículos, producto de despojos, incluso violentos, si tuvieron que pasar por múltiples retenes de ésta y otras entidades para llegar al punto donde estaban escondidos y cómo pudieron ser dotados, muchos de ellos por las autoridades locales, de los documentos y las placas correspondientes para en apariencia legalizarlos y venderlos? Otra pregunta es: ¿Cómo pudo mantenerse oculta largo tiempo una bodega clandestina en céntrico lugar, pese a las labores de inteligencia, la frecuencia del patrullaje policíaco y los escándalos de las fiestas que, según los vecinos, se efectuaban en el predio?

La corrupción imperante en las distintas esferas de la sociedad, pero particularmente en las del poder público, es lo que explica este tipo de omisiones que juegan un papel importante en la persistencia y aun el incremento de la inseguridad en que se debate el país y muchos de sus estados.

Una inseguridad que por lo visto puede llegar a entidades como la nuestra, que no están exentas de corrupción, aun cuando quien gobierna presuma, demagógicamente cada vez que tiene un micrófono a su alcance, que en materia de seguridad así como en combate a la corrupción estamos en niveles casi de perfección.

El jueves pasado el Diario publicó el resultado de una encuesta que pone a Yucatán como segundo estado de la república con menor percepción de corrupción en la prestación de servicios de gobierno o el contacto directo de los servidores públicos con la población pues, según ella, “sólo” el 72.2% de los yucatecos considera que son muy frecuentes o frecuentes las prácticas de corrupción en este terreno, mientras la media nacional es de 88.3% y hay entidades que llegan a más de 90%.

Los datos que se exhiben no son para congratularse. El que casi tres cuartas partes de los habitantes del estado perciban actos de corrupción en las prácticas de sus funcionarios no constituyen un hecho gratuito. Es el resultado de una relación poder político-ciudadanos que se salda con mucha frecuencia con actos en que quien tiene dinero consigue lo que quiere, no así quien carece de recursos para untar la mano de quien tiene poder para resolverle algún problema -o resolvérselo con rapidez- o para hacerse de la vista gorda ante una transgresión, real o ficticia, de la ley.

Las elevadas cifras de percepción de corrupción en el Estado, aun cuando la que se percibe en otras entidades sea mayor, es indicio de que este gobierno no está haciendo bien su trabajo, por lo menos en esta materia. Esta consideración se alimenta, además, con hechos que se le correlacionan como el de que no han sido sometidos a juicio los saqueadores del erario de la administración pasada, gracias a componendas políticas de los actores principales de la comedia del poder.

Cuando en un gobierno hay tolerancia a la corrupción no sólo perecen los fondos del Estado, sino también la seguridad pública, porque ante la impunidad los funcionarios son capaces de entrar en confabulaciones con el crimen organizado, en aras del enriquecimiento ilícito. El ejemplo más elocuente de cómo los funcionarios corruptos llegan hasta el extremo de poner en jaque la seguridad de su propio Estado los tenemos en Michoacán y Tamaulipas, lugares donde la descomposición social ha llegado a extremos pavorosos.

Es muy preocupante que criminales de otros estados vengan a éste a refugiarse, esconder el producto de sus actividades y organizar con delincuentes de la entidad redes que gradualmente vayan haciendo entrar en zozobra a la sociedad. Es indispensable que el gobierno del Estado aclare puntualmente sucesos delictivos como los que se han estado cometiendo en la entidad. ¿Cómo se obtuvieron las placas de los vehículos robados? ¿Quién y por qué fue asesinado el abogado de la García Ginerés? ¿En qué punto realmente estamos parados en materia de seguridad?- Mérida, Yucatán.

http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/corrupcion-e-inseguridad

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